Ciudadanía Argentina por Inversión: USD 350.000 Anunciados

Eso cambia la pregunta. Hasta octubre, las cifras que circulaban —500.000 dólares, un millón, una donación no reembolsable— provenían de conferencias de prensa y de estudios de asesoramiento y no aparecían en los decretos. Ahora hay una cifra oficial, pero está en un comunicado. Hasta que el Ministerio de Economía publique la norma en el Boletín Oficial, los montos, las condiciones del título y el procedimiento todavía pueden cambiar.

Qué anunció el Gobierno el 2 de octubre de 2026

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el Programa de Ciudadanía por Inversión en la Argentina Week de París. El anuncio oficial prevé:

• Solicitante principal: un aporte directo y no reembolsable de USD 350.000 al Tesoro Nacional, o la suscripción de un título público de USD 800.000 creado específicamente para el programa.
• Familia: también pueden aplicar el cónyuge y los hijos del solicitante principal. El cónyuge aporta USD 100.000, al igual que cada hijo de 18 a 25 años soltero y sin hijos; cada menor aporta USD 25.000. El ejemplo del anuncio —solicitante principal, cónyuge y dos hijos menores— suma USD 500.000.
• Plazo: el programa estará operativo para recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026.
• Evaluación: la lidera la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad y del Interior; la Dirección Nacional de Migraciones aprueba o rechaza cada solicitud.
• Controles: identidad, trazabilidad y licitud del origen de los fondos, situación patrimonial y financiera, riesgo jurisdiccional, antecedentes penales y reputacionales e historial migratorio; todos los fondos deben canalizarse por el sistema financiero formal.

Lo que el anuncio no contiene importa igual: ningún número de decreto o resolución, ninguna compra de inmuebles u otra inversión productiva como opción, ningún requisito de residencia ni plazo mínimo de mantenimiento de la inversión, y ningún canal de solicitud.

Qué cambió el Decreto 366/2025

El Decreto 366/2025, publicado en el Boletín Oficial el 29 de mayo de 2025, sustituyó el artículo 2 de la Ley 346, la ley de ciudadanía de 1869. El texto nuevo fija dos vías de naturalización.

La primera es la residencia: extranjeros mayores de 18 años que acrediten residencia continua y legal durante los dos años anteriores a la solicitud. El decreto define la continuidad con una severidad inusual. Exige haber permanecido en el territorio durante todo el plazo sin haber realizado ninguna salida al exterior. Leído literalmente, un solo viaje al exterior reinicia el cómputo.

La segunda es la inversión, y la frase decisiva es que se aplica cualquiera sea el tiempo de su residencia. Sin estadía mínima. Sin requisito de presencia física en el decreto.

El mismo decreto sacó la naturalización de la justicia federal y la puso en la Dirección Nacional de Migraciones. Es un cambio administrativo con consecuencias prácticas: la decisión pasa a un organismo del Ejecutivo en lugar de un juez, lo que resulta más rápido y también más expuesto a cambios de política.

El artículo 2 bis, incorporado por el mismo decreto, establece que el Ministerio de Economía determinará qué inversiones serán consideradas relevantes, y que podrá designar proyectos de inversión específicos. Esa oración es la base legal de cualquier monto: las cifras anunciadas en octubre de 2026 todavía deben fijarse en una norma dictada en ese marco.

El mismo decreto creó además la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión como organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Economía (nuevo artículo 6 bis de la Ley 346).

Qué agregó el Decreto 524/2025

El Decreto 524/2025, publicado el 31 de julio de 2025, armó la maquinaria. Fijó cómo la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión (APCI), creada por el Decreto 366/2025, tramita una solicitud.

La elegibilidad depende de haber realizado una inversión relevante según los criterios que fije el Ministerio de Economía. La APCI evalúa si una inversión determinada califica como relevante. Antes de informar debe reunir intervenciones del Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera, el registro de antecedentes penales y el organismo de inteligencia, y luego elevar un informe circunstanciado a Migraciones recomendando aprobación o rechazo. Migraciones cuenta entonces con treinta días hábiles desde la recepción de ese informe para resolver.

Los treinta días hábiles son el dato que más circuló en la cobertura del programa, y es real. Conviene ser preciso sobre qué mide: es el plazo para la decisión final después de que la APCI completó su evaluación y los informes de seguridad. No es la duración del trámite.

El anuncio oficial del 30 de julio de 2025 es coherente con los decretos e igualmente silencioso sobre montos. Describe a los solicitantes como quienes acrediten haber realizado inversiones relevantes en el país y confirma que la definición queda en manos del Ministerio de Economía.

Anunciado no es lo mismo que vigente

El anuncio de octubre responde la pregunta del precio en principio. Todavía no la responde en una norma.

Los montos ya tienen como fuente un anuncio oficial. En el control del 8 de octubre no habíamos localizado una norma publicada que los fije ni las condiciones del título o de mantenimiento de la inversión. Pida el instrumento aplicable antes de planificar una solicitud, especialmente si un estudio ofrece una vía basada en inmuebles o un precio distinto.

Qué no estableció nuestro control de fuentes

En el control del 8 de octubre de 2026 no habíamos localizado lo siguiente:

1. Una norma publicada del Ministerio de Economía que defina la inversión relevante con los montos anunciados y sus condiciones.
2. El instrumento publicado que cree el título público de USD 800.000 y establezca sus condiciones.
3. Una vía oficial de presentación y la prueba exigida. El Gobierno anunció la recepción de solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026.

La búsqueda no abarcó todas las publicaciones del Boletín Oficial: no encontrar una norma o un canal no demuestra que no existan. La comunicación oficial es un anuncio; verifique la norma aplicable, la vía de presentación y los requisitos antes de comprometer fondos.

Qué dice el texto impositivo sancionado y qué no resuelve

El artículo 194 de la Ley 27.802, publicada el 6 de marzo de 2026, incorpora tres párrafos al artículo 116 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. El texto oficial establece que obtener la ciudadanía argentina por una inversión relevante no convierte, por ese solo hecho, a una persona extranjera en residente fiscal bajo el inciso a). Para el inciso b), la persona sigue siendo considerada extranjera; quien ya era residente permanente al obtener la ciudadanía por inversión continúa siendo residente bajo ese inciso.

Esto es más acotado que una exención impositiva general. La residencia y la exposición tributaria todavía pueden depender de otros hechos, categorías y fechas de vigencia. La norma no reemplaza el análisis individual de residencia, fuente de ingresos, estructuras societarias u obligaciones informativas.

Cómo se compara con los vecinos

Paraguay y Uruguay ya tienen vías que funcionan, y por eso el interés en la ciudadanía argentina por inversión superó ampliamente lo que un solicitante puede hacer hoy al respecto. Recorrimos los tres procesos nosotros mismos, y las diferencias son prácticas antes que teóricas.

Paraguay otorga residencia temporaria rápido —unas seis semanas en nuestro caso— y exige un ingreso personal, que los poderes reducen pero no eliminan. La cédula posterior es el documento que realmente destraba cosas; sin ella una cuenta bancaria queda fuera de alcance. El plazo normal de emisión es de seis a doce semanas. La nuestra tardó cinco meses, y la de la segunda solicitante del mismo hogar casi un año, después de que un escándalo en la autoridad migratoria derivara en una reestructuración y los expedientes quedaran sin movimiento. Fue un caso atípico y lo decimos, porque la mayoría de las guías cita el plazo de folleto o la historia de terror, y ninguno de los dos es el caso esperable.

Uruguay también exige ingreso personal y espera que no haya ausencias de más de unos seis meses en la etapa inicial, o el trámite puede caerse. La restricción determinante para nosotros fue la prueba de ingresos, del orden de USD 1.600 mensuales, sencilla con un sueldo e incómoda cuando los ingresos llegan como dividendos o distribuciones. La nacionalidad Mercosur pesa: para un argentino la vía es simple, para una cónyuge alemana del mismo hogar no lo es.

La Argentina nos enseñó la regla de la salida por la vía cara. Un trámite de residencia permanente iniciado antes de los cambios de mayo de 2025 se dio por terminado cerca del final porque salimos del país, algo que no sabíamos que lo interrumpía. Vale tenerlo presente ahora que el Decreto 366/2025 escribió un requisito estricto de continuidad en la vía de residencia: la práctica administrativa vino primero y el texto después.

Dos observaciones menores. La documentación argentina es mayormente digital, las apostillas alemanas no lo son, y mandar papeles físicos entre países fue la parte más tediosa de los tres procesos. Sobre costos, honorarios de agencia del orden de USD 2.000 con dos viajes, y más cerca de USD 2.500 alrededor de un solo viaje, es lo que pagamos; escuchamos cifras mayores.

Qué conviene seguir

La señal que importa ahora es la norma publicada: una resolución o decreto del Ministerio de Economía que defina la inversión relevante con los montos anunciados, y el instrumento que cree el título de USD 800.000. Ambos van a aparecer en el Boletín Oficial. Una conferencia de prensa o la actualización de un estudio no cambian aquello en lo que un solicitante puede apoyarse.

La segunda señal es una vía de presentación en funcionamiento en la APCI, anunciada para el cuarto trimestre de 2026. Un organismo creado y un organismo alcanzable son cosas distintas. Seguimos ambas en la ficha de estado de implementación del monitor regulatorio.

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