El Decreto 105/2026 prorrogó por un año el plazo de adhesión al RIGI desde el 8 de julio de 2026 e introdujo ajustes operativos. Sigue siendo un régimen para grandes proyectos de inversión que califican, no para comprar aisladamente una casa, departamento o terreno.
Qué cambió
El decreto utilizó la facultad de prórroga de la Ley 27.742 y extendió por un año el plazo de adhesión. También ajustó disposiciones sectoriales, de proyecto e implementación dentro del RIGI.
Qué no cambió
El RIGI no es una visa general para inversores, un descuento tributario inmobiliario ni una aprobación automática. El proyecto debe cumplir vehículo, sector, inversión mínima e implementación.
Por qué importa
La tierra puede integrar un proyecto elegible de energía, infraestructura, minería, turismo, forestoindustria u otro sector. La titularidad del terreno por sí sola no acredita RIGI ni elimina controles inmobiliarios separados.
Controles antes de actuar
- Separar la compra inmobiliaria del proyecto productivo y su plan de capital.
- Contrastar sector, inversión mínima, vehículo e hitos con la ley y reglamentación vigentes.
- Mapear por separado título, permisos, ambiente y derechos comunitarios o concesionales.
- Usar asesoría argentina tributaria y regulatoria especializada antes de modelar incentivos.
Preguntas frecuentes
¿Qué cambió el Decreto 105/2026 en el RIGI?
Prorrogó por un año el plazo de adhesión desde el 8 de julio de 2026 e introdujo ajustes operativos dentro del régimen de grandes inversiones.
¿Comprar un terreno o departamento hace que un inversor califique al RIGI?
No por sí solo. El RIGI exige un gran proyecto que cumpla vehículo, sector, inversión mínima e implementación. La compra del inmueble puede ser solo un componente.
¿El RIGI reemplaza autorizaciones de tierras rurales o zona de frontera?
No. El régimen de inversión no elimina título, tierras rurales, zona de frontera, ambiente, permisos ni requisitos provinciales del activo concreto.
¿Todos los sectores de proyectos pueden acceder al RIGI?
No. La elegibilidad depende de sectores, subsectores y condiciones del marco legal y reglamentario vigente. El proyecto debe verificarse contra las reglas actuales.